02/09/2026
Trujillo exige la verdad: ¡No queremos capturas para la televisión, queremos pruebas!
El caso del secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla y el as*****to de cuatro personas en Trujillo se vuelve cada día más inquietante.
Y no solamente por la brutalidad del crimen, sino por las contradicciones, rectificaciones y nuevas versiones que han aparecido después de las primeras comunicaciones oficiales. Aquí ya no basta con presentar detenidos. Queremos saber exactamente qué ocurrió.
El Gobierno celebró inicialmente la liberación del empresario y la presidenta Keiko Fujimori reconoció públicamente la “rápida y firme respuesta” de la Policía. Sin embargo, posteriormente apareció una precisión fundamental: el propio comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló que Jenss Lara había sido liberado y no rescatado.
Ahora el ministro del Interior, César Astudillo, ha ido todavía más lejos al señalar que ninguna unidad policial realizó un operativo de rescate para conseguir su liberación. Entonces la pregunta resulta inevitable: ¿Quién liberó realmente al empresario?
También ha aparecido información según la cual la familia habría entregado una importante suma de dinero para recuperar a Jenss Lara, con cifras que rondan los tres millones de soles.
Si finalmente se demuestra que hubo un pago de rescate, deberá explicarse con absoluta transparencia cuál fue realmente la participación de la Policía.
No es lo mismo rescatar a un secuestrado mediante una operación policial que encontrarlo después de que los delincuentes decidan liberarlo tras una negociación o eventual pago.
La diferencia es gigantesca, y precisamente por eso un Gobierno no puede convertir acontecimientos todavía bajo investigación en una victoria política antes de conocer todos los hechos.
La camioneta: Otra historia que necesita una explicación completa
A la controversia se sumó una denuncia todavía más delicada.
El exalcalde Arturo Fernández difundió información registral señalando que la placa EPF-176, observada en la camioneta utilizada por los criminales, correspondía al Ministerio del Interior. La denuncia era suficientemente grave para exigir una respuesta inmediata, y esta llegó: la Policía sostiene ahora que la camioneta de los delincuentes no pertenece al ministerio y que lo ocurrido habría sido una clonación de placa.
Según la explicación policial, la matrícula EPF-176 sí corresponde a una unidad oficial, pero esa unidad se encontraría asignada al Departamento de Protección de Carreteras San Gabán-Juliaca y estaría inoperativa desde agosto de 2025. Además, durante las investigaciones habría aparecido otra matrícula, BNG-906, correspondiente a una Toyota Hilux de propiedad particular.
Por consiguiente, debemos ser rigurosos: no está demostrado que la camioneta utilizada por los asesinos pertenezca al Ministerio del Interior.
Pero la explicación policial tampoco debe convertirse simplemente en palabra sagrada; debe ser comprobada.
Que se exhiban los registros, que se determine mediante peritaje cuál es el número de serie del chasis y del motor, que se establezca quién es el propietario real y cuándo fue clonada la placa.
Asimismo, es imperativo investigar cómo consiguieron los delincuentes una matrícula perteneciente a una unidad policial, y de dónde obtuvieron los uniformes, distintivos y demás elementos utilizados para simular una intervención policial.
La transparencia es la única manera de acabar con las sospechas.
¿Y los cinco detenidos?
Aquí aparece el problema más delicado. Los familiares de algunos detenidos aseguran que estos fueron capturados en sus propias viviendas y niegan categóricamente que hayan participado en el ataque. Naturalmente, la declaración de un familiar no demuestra la inocencia de nadie, pero tampoco una conferencia de prensa policial demuestra su culpabilidad. Para eso existen las pruebas.
Los videos del ataque están allí y los criminales aparecen registrados por cámaras de seguridad.
Entonces, realícense peritajes antropométricos y biométricos sobre las imágenes disponibles: compárese estatura, contextura corporal, proporciones físicas, desplazamiento y demás características técnicamente aprovechables.
Analícense armas mediante balística, búsquese ADN, examínense huellas, recomponte los desplazamientos mediante cámaras públicas y privadas, revísese la geolocalización de teléfonos con autorización judicial y analícense comunicaciones.
Y, sobre todo, que se establezca qué prueba vincula individualmente a cada detenido con los cuatro as*****tos y el secuestro. No queremos culpables por fotografía; queremos culpables demostrados mediante investigación criminal.
Una confesión tampoco cierra el caso
Ha aparecido además información periodística según la cual uno de los detenidos habría proporcionado información sobre el móvil del ataque y una posible disputa relacionada con organizaciones criminales. Eso deberá ser incorporado a la investigación, pero incluso una confesión debe corroborarse independientemente. Una investigación seria no termina preguntando: “¿Confesó?”. Pregunta: “¿Lo que confesó coincide con las pruebas?”.
Ese principio protege tanto a la sociedad como a los propios policías.
Porque si los detenidos son verdaderamente responsables, una investigación científica sólida impedirá que posteriormente recuperen su libertad por deficiencias procesales.
La Policía no necesita propaganda: Necesita credibilidad
Aquí está el problema político de fondo. Una institución policial sometida a enorme presión por la inseguridad puede sentir la necesidad de mostrar resultados inmediatamente, y precisamente ahí comienza el peligro.
La investigación criminal no puede adaptarse a los tiempos de Palacio de Gobierno, de una conferencia de prensa ni de las redes sociales. Los investigadores deben seguir las pruebas, aunque estas contradigan la primera hipótesis policial. Una institución armada no debe convertirse en aparato propagandístico del Gobierno de turno.
La Policía Nacional pertenece al Estado peruano. No pertenece a Keiko Fujimori, ni a un ministro, ni a un general. Pertenece a la República.
Su obligación constitucional consiste en prevenir e investigar el delito, proteger a las personas y cumplir la ley.
Por eso también debemos rechazar el extremo contrario: todavía no existen pruebas públicas suficientes para afirmar que la Policía haya “sembrado” deliberadamente a cinco inocentes.
Sería irresponsable convertir una sospecha en sentencia. Pero precisamente porque todavía no sabemos toda la verdad debemos exigir que la Fiscalía investigue con absoluta independencia.
Cinco preguntas que el Gobierno y la PNP deben responder
Primera: ¿El empresario fue rescatado por la Policía o liberado por sus secuestradores?
Segunda: ¿Hubo pago de rescate y qué participación tuvo la Policía durante esa negociación?
Tercera: ¿Cuál es la prueba material que vincula a cada uno de los cinco detenidos con el ataque?
Cuarta: ¿De dónde procedieron la camioneta, la placa policial clonada, los uniformes y los distintivos utilizados por los asesinos?
Quinta: ¿Los hombres capturados coinciden técnicamente con los sujetos registrados por las cámaras de seguridad?
Responder estas preguntas no debilita a la Policía, la fortalece. Si esos cinco hombres son responsables, que las pruebas destruyan cualquier duda y que reciban todo el peso de la ley. Pero si alguno no participó, que sea liberado y que continúe la búsqueda del verdadero criminal.
Porque presentar a un inocente como culpable produciría dos víctimas: el inocente encarcelado y el asesino que continúa en la calle.
Trujillo no necesita un espectáculo: ¡Necesita justicia!
Cuatro personas fueron asesinadas y un empresario fue secuestrado utilizando elementos destinados a aparentar una operación policial.
Una placa correspondiente a un vehículo oficial apareció en la camioneta de los criminales, aunque la PNP sostiene que fue clonada, y cinco personas fueron detenidas mientras sus familiares proclaman su inocencia.
Todavía existen preguntas fundamentales sin respuesta definitiva, por lo que este caso no puede cerrarse mediante una fotografía de detenidos esposados.
Queremos balística.
Queremos ADN.
Queremos peritajes. Queremos georreferenciación y registros de comunicaciones obtenidos legalmente. Queremos identificación técnica del vehículo. Queremos saber quiénes son los hombres que aparecen en los videos.
Y queremos que la Fiscalía controle la legalidad de toda la investigación.
Porque combatir brutalmente al crimen organizado no significa abandonar el Estado de derecho; significa exactamente lo contrario: investigar mejor, probar mejor y condenar a los verdaderos culpables.
Si son ellos, demuéstrenlo. Si no son ellos, encuentren a quienes sí lo hicieron. ¡No queremos culpables para la televisión! ¡Queremos a los verdaderos asesinos ante la justicia!
02 de agosto 2026
MASA/.
