17/06/2026
ME DEMANDARON POR MÁS DE $1,020,000 PESOS. TRES MESES DESPUÉS EL JUICIO TERMINÓ EN DOS RENTAS Y EL CIERRE DE MI NEGOCIO.
Nunca imaginé tener que escribir algo así.
En octubre de 2022 renté un local comercial en Atizapán de Zaragoza para abrir un restaurante.
Como muchos emprendedores en México, decidí invertir tiempo, dinero y esfuerzo en un proyecto que consideraba tenía potencial de crecimiento.
Realicé una inversión superior a $2.5 millones de pesos para acondicionar el inmueble, equiparlo y ponerlo en funcionamiento.
Con el paso del tiempo el restaurante logró consolidarse, generar empleos y alcanzar una facturación superior a $350,000 pesos mensuales.
Pensé que lo más difícil sería competir, vender y sacar adelante el negocio.
Me equivoqué.
Los problemas comenzaron cuando aparecieron situaciones que jamás fueron mencionadas al momento de firmar el contrato.
Al momento de pagar la primera renta se me informó que la persona con la que había firmado el contrato no contaba con cuenta bancaria para recibir transferencias y que el pago debía realizarse en efectivo.
Posteriormente se me indicó que podía depositar a familiares de dicha persona, quienes durante algún tiempo recibieron pagos e incluso emitieron facturas, hasta que posteriormente dejaron de hacerlo.
Con el paso del tiempo también comenzaron a aparecer problemas relacionados con el inmueble, incluyendo adeudos históricos, problemas administrativos y diversas situaciones que afectaban directamente la operación del negocio.
A pesar de todo ello decidí continuar.
Porque cuando ya has invertido más de dos millones y medio de pesos en un proyecto, abandonarlo no es una decisión sencilla.
Durante 2025 participé incluso en procesos de regularización relacionados con permisos, licencias y diversos requerimientos de la autoridad municipal, destinando tiempo, recursos y dinero para que el establecimiento pudiera seguir operando dentro del marco legal correspondiente.
FEBRERO DE 2026: EL INICIO DEL FIN
A mediados de febrero de 2026, aun existiendo un contrato vigente y encontrándome operando normalmente el negocio, personas relacionadas con la parte arrendadora acudieron al inmueble para exigirme que lo desocupara de manera inmediata.
Ante mi negativa, por considerar que existía un contrato vigente que debía respetarse, la situación escaló a un altercado físico en el que resulté golpeado.
Durante esos mismos hechos también se intentó hacer creer a elementos de seguridad pública que yo me encontraba ocupando ilegalmente el inmueble.
Sin embargo, al exhibir la documentación correspondiente y acreditar la existencia del contrato de arrendamiento, no se llevó a cabo ninguna acción en mi contra.
Tanto mi padre como un servidor presentamos la denuncia correspondiente para dejar constancia de los hechos que ocurrieron ese día.
Hasta ese momento todavía creía que todo podría resolverse por la vía del diálogo.
Me equivoqué otra vez.
LA DEMANDA
Pocos días después fui notificado de una demanda de desahucio mediante la cual se me reclamaba el pago de más de $1,020,000 pesos, además de intereses, gastos y costas.
Más de un millón de pesos.
Lo anterior ocurrió a pesar de que existían comprobantes de pagos realizados durante años, incluyendo pagos en efectivo, depósitos y transferencias efectuadas conforme a las instrucciones que me fueron proporcionadas durante toda la relación contractual.
Durante aproximadamente tres meses tuve que defenderme judicialmente, contratar abogados, reunir documentación y enfrentar la posibilidad real de perder tanto el negocio como la inversión realizada.
A lo largo del procedimiento se exhibieron contratos, comprobantes de pago, transferencias, conversaciones y demás elementos relacionados con la relación contractual existente entre las partes.
Asimismo, manifesté formalmente mi voluntad de continuar pagando las rentas correspondientes e incluso promoví actuaciones judiciales para poder consignar y materializar dichos pagos por las vías legales correspondientes.
Sin embargo, conforme avanzaba el juicio, comenzaron a generarse situaciones que desde mi perspectiva resultaban difíciles de comprender.
Después de meses de procedimiento, múltiples actuaciones y resoluciones que personalmente me resultaban difíciles de entender a la luz de las pruebas exhibidas, terminé perdiendo confianza en la forma en que estaba siendo conducido el asunto.
EL FINAL DEL JUICIO
Dos días antes de la audiencia de pruebas ocurrió algo que hasta el día de hoy sigo sin comprender.
Después de meses sosteniendo judicialmente que yo debía más de $1,020,000 pesos, más intereses, gastos y costas.
Después de tres meses de litigio.
Después de todas las consecuencias económicas que implicaba esa reclamación.
El asunto terminó mediante el pago de dos rentas por un total de $60,000 pesos, la conservación del depósito en garantía y el desistimiento total de la reclamación restante.
Repito:
Durante meses se reclamó judicialmente más de un millón de pesos.
Al final el asunto terminó con dos rentas, la conservación del depósito en garantía y el desistimiento total del resto de la reclamación.
Cada quien puede sacar sus propias conclusiones.
EL DAÑO REAL
El verdadero problema nunca fue el juicio.
El verdadero problema fue todo lo que destruyó mientras existía.
Vi desaparecer una inversión superior a $2.5 millones de pesos realizada durante casi tres años de trabajo.
Perdí un negocio que ya estaba acreditado y funcionando.
Perdí una operación que generaba una facturación superior a $350,000 pesos mensuales.
Tuve que proceder al pago de liquidaciones derivadas de la terminación de relaciones laborales ocasionadas por el cierre del negocio.
Se perdieron fuentes de empleo.
Se afectó a familias que dependían de esa operación.
Se afectó a proveedores.
Se afectó a clientes.
Y además ocurrió algo todavía más grave.
Mientras todo esto sucedía me encontraba gestionando un financiamiento relacionado con otro proyecto empresarial de gran escala.
Dicho financiamiento superaba ampliamente la inversión realizada en el restaurante y representaba una oportunidad de crecimiento considerable para otras actividades empresariales.
Durante el proceso de evaluación correspondiente, la existencia del litigio y las acusaciones realizadas en mi contra generaron consecuencias negativas que terminaron afectando la viabilidad de la operación.
Como resultado, el financiamiento no fue autorizado y el proyecto no pudo concretarse.
La consecuencia fue la pérdida de una oportunidad empresarial cuyo impacto económico era muy superior a las pérdidas sufridas por el cierre del restaurante.
De hecho, dicho proyecto contemplaba un financiamiento que superaba en más de veinte veces la inversión que había realizado en el restaurante.
Y POR SI FUERA POCO...
Aun después de concluido el juicio y de haber entregado el inmueble, continúan situaciones que me obligan a hablar públicamente de lo ocurrido.
Por esa razón decidí escribir esto.
Porque llegó un punto en el que guardar silencio dejó de tener sentido.
REFLEXIÓN FINAL
Siempre creí que quien trabaja, invierte, genera empleos, paga impuestos y cumple con sus obligaciones podía acudir a las instituciones para encontrar protección cuando surgiera un conflicto.
Hoy ya no estoy tan seguro.
Después de haber invertido más de $2.5 millones de pesos.
Después de haber generado empleos.
Después de haber operado un negocio formal.
Después de haber enfrentado agresiones, amenazas y un juicio por más de $1,020,000 pesos más intereses, gastos y costas.
Después de haber exhibido contratos, comprobantes de pago, transferencias, conversaciones y documentos.
Después de haber intentado incluso seguir pagando rentas por las vías legales correspondientes.
Después de haber visto cómo una reclamación superior al millón de pesos terminó resolviéndose mediante el pago de dos rentas, la conservación de un depósito en garantía y el desistimiento total del resto de la reclamación.
Después de haber perdido un restaurante acreditado que facturaba más de $350,000 pesos mensuales.
Después de haber tenido que liquidar personal como consecuencia del cierre definitivo de la operación.
Después de haber perdido la oportunidad de desarrollar un proyecto empresarial cuyo financiamiento superaba más de veinte veces la inversión realizada en el restaurante.
La pregunta que me queda es:
¿Cuántas personas más habrán pasado por algo parecido y simplemente no tuvieron los recursos económicos, el tiempo o la fortaleza para defenderse?
Cada quien podrá sacar sus propias conclusiones.
Yo ya saqué las mías.
¿POR QUÉ HAGO ESTA PUBLICACIÓN?
Porque me interesa saber si existen otras personas que hayan vivido situaciones similares relacionadas con:
• Pagos realizados a terceros distintos de quien aparece en el contrato.
• Problemas para obtener facturas de renta.
• Reclamaciones judiciales de rentas que consideran haber pagado.
• Adeudos históricos del inmueble que terminaron afectando al arrendatario.
• Presiones para abandonar inmuebles arrendados.
• Amenazas, agresiones o intentos de desalojo fuera de los procedimientos legales correspondientes.
• Situaciones parecidas a las aquí descritas.
Si considera haber vivido una situación similar, es momento de parar a estas personas y fincar las responsabilidades penales que correspondan, por lo anterior agradeceré que me contacte por mensaje privado.
Porque si algo aprendí de toda esta historia es que el daño no siempre termina cuando termina un juicio.
A veces apenas comienza.
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